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| Pintura al oleo del artista plástico Miguel Nuñez Colección"viaje al corazón de la Isla" |
Mujeres rurales de Latinoamerica y el Caribe, heroínas de la patria grande, ellas con su doble trabajo, el de responsabilidad de madre y el de labradora de la productiva tierra para garantizar a sus congéneres seguridad alimentaria.
Hoy en el día de las madres queremos hacerle un reconocimiento a esta abnegada y laboriosa mujer. Siempre distantes se las ve, en una dinámica monótona que parece no tener fin. Al amanecer, calladas marchan con su hijo a las espaldas, a encontrarse con el azadón mientras el sol ilumine las manos. Son las mujeres rurales de América Latina y el Caribe, quienes laboran 22 horas semanales más que los hombres y siete más que las féminas de las ciudades, una cifra evidente de las brechas que las separan del resto de sus congéneres en pleno siglo XXI.
Siempre en los foros nacionales e internacionales sobre políticas publicas se ponen sobre el tapete temas que la relacionan. La tenencia de la tierra, el poco o nulo acceso al agua, la violencia en todas sus manifestaciones, la negación de derechos básicos, la desigualdad en los salarios con respecto a los hombres, son flagelos comunes de los que intentan librarse al intentar posicionar estos temas en las agendas políticas nacionales e internacionales.
En estos foros, la ausencia de políticas públicas constituye la esencia del problema de las mujeres rurales, ya que al no ser consideradas como actores sociales, se invisibilizan sus luchas por la supervivencia y se las margina. Esta situación redunda en la persistencia de las causas que ocasionan su atraso crónico y también permite la legitimación del avance arrasador de las transnacionales por sobre sus territorios, muchos de estos ancestrales, en la mayoría de los casos con consecuencias nefastas para el medio ambiente.
EXPERIENCIAS COMPARTIDAS En el III Enlac, realizado del 6 al 9 de marzo, más de 200 participantes de 16 países intercambiaron experiencias a fin de llegar a acuerdos que posicionen sus reclamos urgentes. Lucida Quipealaya, de la Coordinación regional del Enlac en Perú, señaló a Prensa Latina que los temas más sensibles afectan por igual a las mujeres de la región, como son la pobreza, la desnutrición, la falta de acceso a la educación y la salud. Sin embargo, dijo, las mujeres aportan el 70 por ciento de los alimentos que se consumen en sus países, trabajan la tierra, cuidan sus niños, los ríos y tienen iniciativas para solucionar muchos de los problemas por ellas padecidos. La salvadoreña Dora Elizabeth Nieto afirmó que la situación actual de las campesinas en la región se debe a la inexistencia de estrategias gubernamentales sobre el agro, lo cual implica la falta de reconocimiento legal y deriva en el poco o nulo acceso de ellas a la participación en la vida socioeconómica de sus países. Otro de los grandes temas ignorados, dijo, es el de la violencia contra las mujeres agricultoras porque al desconocer marcos legales para la defensa de sus derechos, no registran los casos y como resultante no existen estadísticas de este flagelo que las azota también. Flora Elsa Cruz, líder de la provincia argentina de Jujuy, reiteró a Prensa Latina que este encuentro permitió fortalecer el movimiento de mujeres rurales en la región; su lucha tiene puntos comunes, entre estos el acceso a la tierra, el cual considera fundamental. URGENCIA DE POLITICAS PUBLICAS Durante los debates en Santo Domingo, las participantes coincidieron en que si fueran equitativos los ingresos de ellas y los derechos a créditos y a tierras, reduciría entre 100 y 150 millones el número de niños desnutridos en el mundo.
Los datos de organismos internacionales confirman una relación directamente proporcional entre los altos niveles de igualdad y género con respecto a la elevada productividad.
Las delegadas, en la declaración final de esta reunión, refirieron la necesidad de que se recuperen y conserven semillas nativas frente al uso de transgénicos. Reclamaron garantizar el acceso de todas las mujeres rurales al seguro social campesino y generar estadísticas oficiales con enfoque de género sobre la situación de ellas en cuanto a salud, violencia, producción, comercialización y participación política.
El informe final señala la urgencia de políticas públicas para la entrega de tierras a las mujeres del campo y la abolición de las condiciones de pobreza en que viven mayoritariamente, además de reducir brechas del ingreso económico con respecto al de los hombres por el mismo oficio. Indica que la intensiva explotación minera en sus territorios por parte de transnacionales, el desplazamiento forzoso a causa de conflictos sociales y la inequitativa comercialización de sus productos, demandan atención de los gobiernos nacionales y locales con financiamiento público para revertir estos procesos. Señala que la pérdida de riquezas naturales, el calentamiento global, la escasez y contaminación del agua les recuerdan el derecho humano al acceso a los recursos de la tierra, y en especial demandaron que el agua sea declarada patrimonio de los pueblos, iniciativa que presentarán en la conferencia Río+20.
La Declaración final explica que el modelo sociocultural machista y patriarcal imperante en esta área geográfica es portador de la sumisión y de estereotipos sobre género, convertidos en barreras que impiden el acceso a espacios civiles y dan paso a la postergación de la conclusión de planes inmediatos. Por otra parte, se advierte que la falta de acceso a la información y a las tecnologías de la comunicación y el desconocimiento de los derechos de las mujeres rurales, aisladas del conocimiento, les impiden proyectar su cotidianidad y desempeñar su papel social. Ante la persistencia en el tiempo de varios de estos azotes, las campesinas clamaron por políticas públicas con financiamiento gubernamental para la mitigación del cambio climático, con programas y proyectos financiados que, además, incorporen sus demandas de merecer la titulación de tierras en igualdad de condiciones. Exigieron, entre otros acuerdos, la adopción de Reformas Agrarias que garanticen la tenencia de la tierra, no solo de la capa cultivable, sino del subsuelo, e hicieron énfasis en la necesaria agricultura familiar y el enfoque de género para enfrentar la falta de oportunidades.
Las participantes acordaron elevar la posición de la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres Rurales a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río+20 que se realizará este año en Brasil. Entre de las iniciativas emanadas de este foro figura la solicitud a la ONU para que declare la Década de las Mujeres Rurales a fin de reivindicar derechos y reconocer su participación en las transformaciones sociales.
Un nuevo balance de cuánto avanzarán está previsto durante el IV Encuentro regional, con sede en Panamá en el 2017, una fecha un poco distante en el tiempo que podría diluir la fuerza más reciente acopiada entre ellas para impulsar su batalla con vistas a obtener al menos la tierra, primero que todo. En medio de las acciones mundiales por igualdad social para las mujeres, el feminicidios o asesinato de féminas por razones de género anualmente cobra numerosas víctimas en todo el orbe, y es un delito frecuente en estados latinoamericanos y caribeños.
Las delegadas, en la declaración final de esta reunión, refirieron la necesidad de que se recuperen y conserven semillas nativas frente al uso de transgénicos. Reclamaron garantizar el acceso de todas las mujeres rurales al seguro social campesino y generar estadísticas oficiales con enfoque de género sobre la situación de ellas en cuanto a salud, violencia, producción, comercialización y participación política.
El informe final señala la urgencia de políticas públicas para la entrega de tierras a las mujeres del campo y la abolición de las condiciones de pobreza en que viven mayoritariamente, además de reducir brechas del ingreso económico con respecto al de los hombres por el mismo oficio. Indica que la intensiva explotación minera en sus territorios por parte de transnacionales, el desplazamiento forzoso a causa de conflictos sociales y la inequitativa comercialización de sus productos, demandan atención de los gobiernos nacionales y locales con financiamiento público para revertir estos procesos. Señala que la pérdida de riquezas naturales, el calentamiento global, la escasez y contaminación del agua les recuerdan el derecho humano al acceso a los recursos de la tierra, y en especial demandaron que el agua sea declarada patrimonio de los pueblos, iniciativa que presentarán en la conferencia Río+20.
La Declaración final explica que el modelo sociocultural machista y patriarcal imperante en esta área geográfica es portador de la sumisión y de estereotipos sobre género, convertidos en barreras que impiden el acceso a espacios civiles y dan paso a la postergación de la conclusión de planes inmediatos. Por otra parte, se advierte que la falta de acceso a la información y a las tecnologías de la comunicación y el desconocimiento de los derechos de las mujeres rurales, aisladas del conocimiento, les impiden proyectar su cotidianidad y desempeñar su papel social. Ante la persistencia en el tiempo de varios de estos azotes, las campesinas clamaron por políticas públicas con financiamiento gubernamental para la mitigación del cambio climático, con programas y proyectos financiados que, además, incorporen sus demandas de merecer la titulación de tierras en igualdad de condiciones. Exigieron, entre otros acuerdos, la adopción de Reformas Agrarias que garanticen la tenencia de la tierra, no solo de la capa cultivable, sino del subsuelo, e hicieron énfasis en la necesaria agricultura familiar y el enfoque de género para enfrentar la falta de oportunidades.
Las participantes acordaron elevar la posición de la Red Latinoamericana y Caribeña de Mujeres Rurales a la Cumbre sobre Desarrollo Sostenible Río+20 que se realizará este año en Brasil. Entre de las iniciativas emanadas de este foro figura la solicitud a la ONU para que declare la Década de las Mujeres Rurales a fin de reivindicar derechos y reconocer su participación en las transformaciones sociales.
Un nuevo balance de cuánto avanzarán está previsto durante el IV Encuentro regional, con sede en Panamá en el 2017, una fecha un poco distante en el tiempo que podría diluir la fuerza más reciente acopiada entre ellas para impulsar su batalla con vistas a obtener al menos la tierra, primero que todo. En medio de las acciones mundiales por igualdad social para las mujeres, el feminicidios o asesinato de féminas por razones de género anualmente cobra numerosas víctimas en todo el orbe, y es un delito frecuente en estados latinoamericanos y caribeños.
Para los defensores del sexo femenino, luchar contra las inequidades y aplicar reformas educativas son factores clave en el intento de frenar la elevada incidencia de ese flagelo.
Asimismo, muchos coinciden en que en la búsqueda de soluciones contra ese mal se deben incluir componentes socioeconómicos, ideológicos y legales, e involucrar a todos los sectores de la sociedad.
Con el objetivo de eliminar esa práctica, son varios los gobiernos, sobre todo latinoamericanos y caribeños, que implementan programas destinados a favorecer a la mujer y condenar la violencia en su contra.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) aboga por reivindicar los derechos de ese sector de la sociedad, golpeado y minimizado por siglos. Entre las acciones más recientes de ONU a favor de la mujer, destaca un llamado a reforzar la lucha contra la desigualdad de géneros y por el empoderamiento de las féminas. La convocatoria coincidió con las celebraciones a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer, conmemorado anualmente el 8 de marzo, fecha en la cual se alzan miles de voces contra el feminicidios, que incluye hechos de lesa humanidad como crímenes y desapariciones. A juicio de estudiosos de esa materia, el homicidio de féminas está vinculado fundamentalmente a las relaciones de inequidad y exclusión que enfrenta ese sector de la sociedad.
Según estiman algunos expertos, las mujeres entre 15 y 44 años enfrentan mayor probabilidad de ser mutiladas o ultimadas por hombres, que de morir víctimas de cáncer o enfermedades como la malaria, en accidentes de tráfico o guerras. Por su parte, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas indicó que la desaparición de representantes del género femenino se debe también a otras prácticas en diferentes regiones del orbe. Entre ellas destacan el aborto selectivo para interrumpir embarazos cuando los fetos son hembras, el infanticidio en algunos estados donde hay preferencia por los varones, y la falta de alimentación y atención médica a las niñas para priorizar el cuidado y salud del sexo masculino. También influyen en el feminicidio los denominados asesinatos por cuestiones de honor, las muertes de dotes, el tráfico de mujeres y la violencia doméstica. Esos males han sido abiertamente tratados por defensores de los derechos de las mujeres, sobre todo en los países latinoamericanos y caribeños, donde abunda el fenómeno. En esas zonas existen 14 de los 25 estados con mayor tasa de muertes violentas de mujeres, de acuerdo con la organización Small Arms Survey. En esa lista también aparecen El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, México, Honduras, Colombia, Bolivia, Belice, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Bahamas. Solo en el estado guatemalteco se han cuantificado alrededor de seis mil registros de mujeres y niñas torturadas y asesinadas en la última década. En México, los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones comunes para referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres de escasos recursos, ocurridos en esa localidad del estado de Chihuahua. Aunque los datos varían en dependencia de las fuentes, los estimados indican que solo en 2010 fueron tres mil 100 las mujeres asesinadas. Entre las naciones afectadas en otras regiones se encuentran Suráfrica, Rusia Azerbaiyán, Lituania, Belarús, Letonia, Kazajastán, Moldova, Kirguistán, Ucrania y Estonia. Small Arms Survey resalta que alrededor de 66 mil féminas son asesinadas cada año y un 17 por ciento de ellas son víctimas de homicidios intencionados. El informe "Feminicidio: Un Problema Global" analizó los datos a nivel mundial entre 2004 y 2009 y concluyó que el flagelo es significativamente mayor en los territorios con altos niveles de homicidios. La pesquisa recalca que, en general, los porcentajes son más elevados en países caracterizados por altos niveles de violencia, y en estos casos las mujeres "son atacadas en la esfera pública y los asesinatos son perpetrados en un clima general de indiferencia e impunidad". Un tercio de los crímenes se perpetraron con armas de fuego, precisa. Especifica además que en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras el 60 por ciento de las muertes ocurrieron por heridas de balas, mientras en Ciudad Juárez la cifra cubrió al 80 por ciento. Ante esos estimados, la lucha por eliminar los actos violentos y homicidios de mujeres se han convertido en prioridad de varias administraciones nacionales y en tema central del trabajo de organizaciones no gubernamentales. De esa manera, México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela son algunas de las naciones que cuentan con instituciones que apoyan los derechos de las féminas y abogan por concederles un lugar justo en la sociedad. A pesar de los avances, según cifras de ONU hasta los países con los mejores indicadores todavía registran desigualdades entre mujeres y hombres, en cuanto a salarios por igual trabajo y participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) aboga por reivindicar los derechos de ese sector de la sociedad, golpeado y minimizado por siglos. Entre las acciones más recientes de ONU a favor de la mujer, destaca un llamado a reforzar la lucha contra la desigualdad de géneros y por el empoderamiento de las féminas. La convocatoria coincidió con las celebraciones a nivel mundial por el Día Internacional de la Mujer, conmemorado anualmente el 8 de marzo, fecha en la cual se alzan miles de voces contra el feminicidios, que incluye hechos de lesa humanidad como crímenes y desapariciones. A juicio de estudiosos de esa materia, el homicidio de féminas está vinculado fundamentalmente a las relaciones de inequidad y exclusión que enfrenta ese sector de la sociedad.
Según estiman algunos expertos, las mujeres entre 15 y 44 años enfrentan mayor probabilidad de ser mutiladas o ultimadas por hombres, que de morir víctimas de cáncer o enfermedades como la malaria, en accidentes de tráfico o guerras. Por su parte, el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas indicó que la desaparición de representantes del género femenino se debe también a otras prácticas en diferentes regiones del orbe. Entre ellas destacan el aborto selectivo para interrumpir embarazos cuando los fetos son hembras, el infanticidio en algunos estados donde hay preferencia por los varones, y la falta de alimentación y atención médica a las niñas para priorizar el cuidado y salud del sexo masculino. También influyen en el feminicidio los denominados asesinatos por cuestiones de honor, las muertes de dotes, el tráfico de mujeres y la violencia doméstica. Esos males han sido abiertamente tratados por defensores de los derechos de las mujeres, sobre todo en los países latinoamericanos y caribeños, donde abunda el fenómeno. En esas zonas existen 14 de los 25 estados con mayor tasa de muertes violentas de mujeres, de acuerdo con la organización Small Arms Survey. En esa lista también aparecen El Salvador, Venezuela, Jamaica, Guatemala, México, Honduras, Colombia, Bolivia, Belice, Ecuador, Brasil, República Dominicana y Bahamas. Solo en el estado guatemalteco se han cuantificado alrededor de seis mil registros de mujeres y niñas torturadas y asesinadas en la última década. En México, los feminicidios en Ciudad Juárez y las muertas de Juárez son dos expresiones comunes para referencia a la suma de homicidios y asesinatos de mujeres de escasos recursos, ocurridos en esa localidad del estado de Chihuahua. Aunque los datos varían en dependencia de las fuentes, los estimados indican que solo en 2010 fueron tres mil 100 las mujeres asesinadas. Entre las naciones afectadas en otras regiones se encuentran Suráfrica, Rusia Azerbaiyán, Lituania, Belarús, Letonia, Kazajastán, Moldova, Kirguistán, Ucrania y Estonia. Small Arms Survey resalta que alrededor de 66 mil féminas son asesinadas cada año y un 17 por ciento de ellas son víctimas de homicidios intencionados. El informe "Feminicidio: Un Problema Global" analizó los datos a nivel mundial entre 2004 y 2009 y concluyó que el flagelo es significativamente mayor en los territorios con altos niveles de homicidios. La pesquisa recalca que, en general, los porcentajes son más elevados en países caracterizados por altos niveles de violencia, y en estos casos las mujeres "son atacadas en la esfera pública y los asesinatos son perpetrados en un clima general de indiferencia e impunidad". Un tercio de los crímenes se perpetraron con armas de fuego, precisa. Especifica además que en Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras el 60 por ciento de las muertes ocurrieron por heridas de balas, mientras en Ciudad Juárez la cifra cubrió al 80 por ciento. Ante esos estimados, la lucha por eliminar los actos violentos y homicidios de mujeres se han convertido en prioridad de varias administraciones nacionales y en tema central del trabajo de organizaciones no gubernamentales. De esa manera, México, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y Venezuela son algunas de las naciones que cuentan con instituciones que apoyan los derechos de las féminas y abogan por concederles un lugar justo en la sociedad. A pesar de los avances, según cifras de ONU hasta los países con los mejores indicadores todavía registran desigualdades entre mujeres y hombres, en cuanto a salarios por igual trabajo y participación en la toma de decisiones, entre otros aspectos.
Por Yurién Portelles
Periodista de Prensa Latina.
arb/sc
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