Asunción, 27 jun (PL) Los planificadores y ejecutores del golpe parlamentario que destituyó al presidente paraguayo, Fernando Lugo, nunca imaginaron que, además del rechazo de la mayoría de la población, iban a encontrar una reacción tan dura y generalizada de la comunidad internacional.
La estrategia para sacar del poder a Lugo fue repensada durante bastante tiempo y contó con la intervención de las supuestamente más lúcidas cabezas del entorno político tradicional del país, y de los más estrechos colaboradores de las transnacionales afincadas en Paraguay y de los poderosos acaparadores de la tierra.
La decisión final de ejecutar el plan, la cual muchos señalan fue tomada en la fortaleza ocupada por la embajada de Estados Unidos en Asunción, no quiso esperar por los nueve meses que restaban para la celebración de los comicios generales señalados para abril del 2013.
¿Cuál fue la razón de ese apuro? ¿ Qué temores impulsaron a quienes en secreto preparaban la toma del poder?
Es verdad que el desarrollo de los sucesos de la localidad de Curuguaty, a unos 240 kilómetros de Asunción, facilitaron un ambiente positivo para quienes buscaban pretextos políticos y hasta legales para consumar todo lo planeado.
Seis policías y 11 campesinos murieron en medio del desalojo de labriegos sin tierra, ocupantes desde hacía algún tiempo de un pequeño espacio de las más de dos mil hectáreas, en manos de un conocido e influyente latifundista a pesar de la evidente ilegalidad de su obtención.
No es un panorama ni siquiera anormal en la realidad paraguaya porque apenas el uno por ciento de propietarios rurales acumula nada menos que el 77 por ciento de la tierra cultivable en el país.
El latifundio es mantenido y apoyado, además de por las características de la estructura económica y social vigente en el país, por la denunciada corrupción de los órganos de justicia que apelan a fallos siempre favorables a los poderosos dueños de la tierra.
Una importante campaña de los medios de prensa aliados a la conspiración facilitó un ambiente político basado en la supuesta responsabilidad gubernamental por los hechos que impactaron profundamente en la sociedad.
Pero había algo más que pesó mucho en el ánimo de los organizadores del golpe: la aparición desde semanas atrás de una suerte de movimiento de indignados paraguayos en reclamo de medidas populares ante el mismo Congreso que planeaba la destitución del Presidente.
El país fue escenario, incluso, de la fuga aterrorizada de los legisladores desde el edificio parlamentario por vías secundarias para huir de la lógica furia de manifestantes, frustrados en sus reclamos contra medidas dictadas para mantener el status quo de la política tradicional.
Tal vez esa situación apresuró la acción para el descabezamiento del gobierno legítimamente electo por los paraguayos.
El escándalo internacional provocado por la destitución de un jefe de Estado, al cual apenas le dieron dos horas para defenderse en un juicio político liquidado en un solo día ante el temor de una marcha de miles de campesinos hacia la capital para apoyar a Lugo, superó todas las expectativas.
El continuo desfile de embajadores acreditados en Paraguay hacia la terminal de salida del aeropuerto internacional de Asunción con el fin de regresar a sus países por orden de los respectivos gobiernos, no tiene paralelo en la historia diplomática de la nación suramericana.
El canciller designado por el gobierno que asumió el poder se lamentó de que ni siquiera en los casos donde había quedado un encargado de negocios en alguna legación diplomática, éste contesta sus llamadas telefónicas.
La instrucción de los gobiernos ha sido clara: ni un solo contacto con cualquiera de los funcionarios llegados al Ejecutivo por medio del golpe y, por lo tanto, las innúmeras gestiones del señalado canciller siguen sin resultado alguno siquiera para una conversación.
La lista de ausencias es interminable: Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Chile, Cuba, El Salvador, Perú, México, Colombia y otros ya retiraron sus embajadores, mientras fuertes condenas llegan de Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Haití, San Vicente y las Granadinas, sólo para mencionar a parte de quienes se niegan a reconocer al gobierno de Federico Franco.
La soledad internacional es prácticamente absoluta y la diplomacia paraguaya parece condenada al fracaso en su desesperado esfuerzo por evitar sanciones internacionales.
A ello, se une el inicio de un plan de movilizaciones populares que busca colocar públicamente en su justa dimensión la protesta nacional que es mayoritaria.
Las próximas semanas serán definitivas para la suerte de quienes violentaron el sistema democrático paraguayo.
Por Javier Rodriguez Roque
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