EN MÉXICO RAZONES PARA IMPUGNAR

 "la realidad virtual de una candidatura invencible, hasta el gasto inmoderado en una campaña electoral que no se detuvo ante ningún límite y rebasó todas las cotas imaginables".

Jorge Eduardo Navarrete

No son escasas ni triviales las razones existentes para impugnar la elección presidencial de 2012. Van desde el manejo reiterativo de las encuestas, a lo largo de por lo menos tres meses, para fabricar la realidad virtual de una candidatura invencible, hasta el gasto inmoderado en una campaña electoral que no se detuvo ante ningún límite y rebasó todas las cotas imaginables. Incluyen, desde luego, operaciones de coacción y compra de votos que resultaron millonarias en dos sentidos: el volumen de dinero canalizado a las mismas y el número de sufragios que se pretendió e, infelizmente, se logró adquirir para favorecer esa misma candidatura invencible. Incluyen también las coberturas informativas desequilibradas y sesgadas, iniciadas años antes para edificar la figura de un líder atractivo, telegénico, que en su momento asumiría el rol prestablecido, y acentuadas hasta el cansancio en el año electoral y en los meses de campaña. Como han mostrado numerosos ejemplos específicos divulgados en las redes sociales en los tres últimos días, comprendieron también errores e inconsistencias –algunos involuntarios, otros probablemente deliberados– en el manejo y captura de las cifras contenidas en las actas de casilla, cuyo número e incidencia total son imposibles de determinar en ausencia de una amplísima operación de recuento, como la demandada por los partidos del Movimiento Progresista. Estas y otras razones para impugnar pueden resumirse en una característica omnipresente en todo el proceso: la inequidad. Una elección inequitativa en extremo no puede arrojar un resultado que pueda ser aceptable y aceptado de manera instantánea. Arroja, más bien, un resultado impugnable, que debe repararse repitiendo las etapas afectadas del proceso.

Con base en el número de participantes, algunos han destacado que se trató de la elección más grande de la historia del país. Lo anterior equivale a considerar algo fuera de lo común que la población contabilizada en un censo seamás grande que la del precedente. Con esta lógica ya alguien podría comenzar a pregonar que la elección de 2018 será lamás grande de la historia del país. El consejero presidente del IFE, en declaración formulada al iniciarse la jornada del primero de julio, habló de la elección más equitativa de la vida democrática y la más limpia e imparcial de las que hemos organizado. Esta apreciación subjetiva y sin sustento, amén de prematura, influyó en la visión de la mayor parte de la cobertura informativa del desarrollo y desenlace de la elección.

La cuestión de las encuestas debe examinarse en profundidad, con vistas a regular su elaboración, manejo y difusión en futuros procesos electorales. Las encuestas de preferencias electorales o de intención de voto no pueden equipararse a las referidas a preferencias por marcas comerciales. No debieran realizarse con igual ligereza, ni difundirse con frecuencia obsesiva. En la elección presidencial de 2012 las encuestas se utilizaron como herramienta publicitaria y como instrumento de inducción del voto. Se orientaron, como antes se dijo, a fabricar la realidad virtual de una candidatura invencible; la imagen de un mejor producto que sería inaudito dejar de adquirir. Se trataba de que el elector se convenciera de que su voto se perdería si sufragaba por algún otro. La idea de sumarse a un triunfador garantizado ejerce, en todos los ámbitos, un gran atractivo. Se difundió con amplitud y no sin efectividad. Cuando las encuestas se enfrentaron con la realidad quedó de relieve su carácter desviado y mentiroso. El margen de ventaja que arrojó el PREP –seis puntos– resultó entre la mitad y un tercio del proclamado en gran número de encuestas, que se expresaba en guarismos de dos dígitos. Podría decirse que las más de tres quintas partes de los electores que prefirieron no sumarse a la candidatura invencible dieron una dura lección a los mercaderes de las encuestas.


Las primeras denuncias de inequidad de la elección presidencial de 2012 aludieron a la suntuosa, en ocasiones extravagante campaña electoral de la coalición Compromiso con México y a la escasa claridad en el origen de los recursos empleados para financiarla. Será necesario esperar hasta finales de enero de 2013 para que el IFE presente el informe sobre los ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos. Aun así, se tratará, por increíble que parezca, de un informe anticipado, pues se tenía previsto presentarlo el 3 de julio de 2013, un año después de la elección. Este adelanto se decidió para responder a los reclamos de la ciudadanía por más claridad y equidad, según informó el IFE. Las violaciones en que se haya incurrido no se conocerán antes de que se declare la validez de la elección y, en todo caso, serán objeto de sanciones administrativas. Hay aquí un claro incentivo para no respetar los topes establecidos y, al tiempo que se obtienen recursos para financiar campañas dispendiosas que construyen imágenes irreales pero atractivas de candidatos y programas, obtener también los que permitan pagar las multas en que eventualmente se incurrirá. La sanción se convierte en un gasto adicional de la campaña.

El alcance real de las operaciones de compra de voto a favor del candidato de la coalición Compromiso con México no será asunto sencillo de aclarar. Tras la elección menudearon las informaciones acerca de algunas derivaciones de este tipo de acciones. Destacaron, según reportajes en La Jornada los dos últimos días, las relativas a una operación montada a partir de monederos electrónicos emitidos por una cadena de tiendas de autoservicio, cuyos beneficiarios se apresuraron a utilizar desde la noche misma de la elección ante el temor de que fueran cancelados o bloqueados, a pesar de que ellos habían entregado constancia de haber votado en el sentido convenido. El IFE se negó a suspender temporalmente, como medida cautelar solicitada por Acción Nacional, la utilización de tarjetas bancarias del grupo financiero Monex, con recursos destinados a financiar los operativoselectorales de esa coalición. Alianza Cívica, que desplegó 500 observadores en 21 entidades, estimó que cerca de 30 por ciento de los sufragios emitidos fueron producto de la compra o coacción.

Como se ha señalado, las razones para impugnar el proceso de elección presidencial de 2012 son de naturaleza, alcance y consecuencias muy variables. Sumadas, configuran una situación en la que resulta insostenible la afirmación de que se trató de un proceso transparente, inobjetable y equitativo. Es preciso agotar todos los recursos legales para examinar las impugnaciones, reparar los resultados y dotarlos de la credibilidad de la que ahora carecen.

TOMADO DE JORNADA