La corrupción y la fuga de capitales superan en valor
a los recortes en Grecia
Los planes de austeridad y los recortes sociales traen menos beneficios
para solventar la crisis que el escandaloso latrocinio en el país heleno
Antonio Cuesta Gara
Hablar
de la corrupción en Grecia es referirse, en la mayoría de los casos, a un mal
endémico, idiosincrático del Estado, que atraviesa todas las esferas de la vida
pública y gracias al cual se justifican las políticas de austeridad impuestas
contra el conjunto de la población. Sin embargo, rara vez es esgrimida contra
una clase política que ha perpetuado un sistema fraudulento con el que se ha
estado beneficiando durante décadas en detrimento de las arcas públicas.
El
ejemplo más paradigmático de la corrupción entre la clase política fue el gran
negocio de las Olimpiadas en Atenas de 2004. Con un presupuesto oficial de 9
mil millones de euros, los costes fueron multiplicándose progresivamente hasta
alcanzar un cifra cercana a los 28 mil millones de euros que nadie, a día de
hoy, ha sabido explicar a dónde fueron a parar.
Un
reciente informe, publicado por el diario Kathimerini, asegura que el costo
anual de la corrupción en Grecia supera en valor a los recortes que para 2012
se llevarán a cabo en las pensiones y los salarios. Según esta investigación,
el importe superaría los 4 mil millones de euros al año, a los que habría que
añadir la cuantiosa, y hasta ahora legal, fuga de capitales.
Las
estimaciones más conservadoras calculan que, desde la fecha del primer contrato
de préstamo en 2010, más de 60 mil millones de euros han salido del país en
busca de bancos suizos o paraísos fiscales, una cantidad que representa el 27
por ciento del PIB griego. Así lo explica el economista LeonidasVatikiotis,
para quien la famosa «libre circulación de capitales» significa la permisividad
de los diferentes gobiernos hacia una élite financiera que para llevar a cabo
el blanqueo de sus capitales roban al país la capacidad productiva. «Esta
práctica -asegura el economista- se debe a una serie de medidas y regulaciones
que datan de los años 80 y 90, y que ahora es el momento de revisar» imponiendo
controles a los movimientos especulativos de capital como hicieron en los
últimos años países como Argentina, Brasil o Corea del Sur.
Las
grandes fortunas griegas -armadores y propietarios de grandes grupos de
comunicación principalmente- han aprovechado esas leyes impuestas por
organismos como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el Banco Mundial y
la Unión Europea para sacar sus fortunas con absoluta impunidad y evitar además
tener que pagar impuestos.
Como
colofón, las constantes amenazas vertidas por las instituciones financieras
internacionales de que el país podría verse fuera de la eurozona de no cumplir
las draconianas medidas de ajuste exigidas solo han servido para fomentar una
evasión de capitales cifrada en 5-6 mil millones de euros mensuales, llegando a
su punto álgido el pasado octubre (con la renuncia del primer ministro
YorgosPapandréu) cuando llegó a duplicarse esa cantidad, según detalla
Vatikiotis.
La
corrupción de la administración
Esta
connivencia en el ámbito internacional opera también a nivel local, donde las
empresas griegas aceptan con normalidad el pago de comisiones ilegales a una
clase política ávida de dinero, y en los que se han llegado a ver implicadas
multinacionales como Siemens.
Para
la sección griega de la ONG Transparencia Internacional, el volumen de los
sobornos pagados a funcionarios públicos durante el pasado año superaría los
500 millones de euros, y una cifra similar recoge el último informe del Banco
Mundial, referente a 2010, sobre la corrupción en Grecia: 436 millones de euros
para «facilitar» la obtención de permisos o licencias, evitar inspecciones
fiscales, o conseguir contratos o concesiones de las distintas administraciones
públicas.
El
estudio llevado a cabo entre 550 firmas griegas encontró que un 21,6 por ciento
de ellas pagaban habitualmente para conseguir acelerar sus trámites
administrativos, un 55,9 por ciento lo hacían para eludir dificultades con
Hacienda y un 14,5 por ciento de las empresas encuestadas aseguraban que el
soborno era una condición sine qua non para conseguir un contrato estatal.
Para
ello las compañías destinaban de media un 0,2 por ciento de su volumen de
ventas a «engrasar» los diferentes resortes de la administración y un 0,8 por
ciento como contribución en los procesos de concursos, licitaciones o contratos
públicos.
Uno
de los últimos casos descubiertos, hace apenas un mes, tiene como protagonista
al ex-ministro de Defensa del Pasok, AkisTsojatzopulos (amigo y colaborador
íntimo de Andreas Papandréu), acusado de «blanqueo de capitales procedentes de
actividades delictivas» y quien además cobró importantes comisiones de la
industria armamentística entre 1997 y 2001, con lo que amasó una importante
fortuna invertida en propiedades inmobiliarias.
El
fraude del blanqueo de dinero se duplicó el pasado año y las cifras recopiladas
por la Brigada de Delitos Financieros indican que cerca de 3 mil millones de
euros al año se utilizaron para el comercio ilegal de drogas, alcohol y tabaco,
así como en el contrabando de armas y de combustible.
Las
cantidades ponen en evidencia la ausencia de motivación política para poner fin
a unas prácticas que solo benefician a los más ricos y que superan ampliamente
el importe de los recortes sociales aplicados contra la mayor parte de la
sociedad griega.
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