Una comisión parlamentaria anticorrupción se apresta hoy a investigar un desfalco en la empresa de agua potable de la capital peruana, segundo de una decena de casos de corrupción imputados al anterior gobierno de Alan García.
"LOS PARTIDOS ALIADOS A LA INTERNACIONAL SOCIALISTA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NO SALEN DE UNA, AHORA LE TOCA EL TURNO AL APRA DE PERÚ"
El congresista Yonhy Lescano, miembro del grupo investigador, dijo que este abordará en los próximos días el programa "Agua para todos" de ese gobierno (2006-11).
Adelantó que la comisión llamará a declarar a exministros de Vivienda, principalmente Hernán Garrido-Lecca, y exfuncionaros del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), ligados al Partido Aprista, de García.
Señaló que indagaciones preliminares y denuncias públicas indican que cuantiosos fondos fueron ilegalmente desviados de Sedapal al programa "Agua para todos" (de dotación de este servicio a zonas populares), donde hubo negociados, como obras con sobreprecios.
La lista de casos incluye numerosos indultos presidenciales a favor de condenados por corrupción y narcotráfico presuntamente a cambio de sobornos.
Lescano coincidió con el presidente de la comisión, Sergio Tejada, en desestimar una campaña del pequeño grupo de congresistas apristas por desacreditar la recién concluida investigación sobre obras de remodelación de decenas de escuelas secundarias.
La pesquisa detectó sobreprecios y graves defectos constructivos en las obras y acusó a García de haber violado la Constitución al emitir para el programa un decreto de urgencia sin razón alguna para ello.
El pasado gobierno, indica el informe del caso presentado ayer, usó el decreto para poder encargar las obras sin licitación, beneficiando a empresas allegadas, diez de las cuales fueron incluidas en el informe, que recomienda enjuiciarlas.
Las conclusiones recomiendan además al pleno congresal imputar al ex primer ministro Yehude Simón; el exministro de Educación José Chang y el ex primer ministro interino Pedro Sánchez por firmar el cuestionado decreto, y al segundo de ellos por cargos penales que alcanzan a otros funcionarios menores.
Los seguidores de García sostienen que el informe es una supuesta maniobra gubernamental para bloquear al veterano político socialdemócrata como candidato a una tercera elección en 2016, lo que niega el oficialismo.
El parlamentario aprista Mauricio Mulder advirtió que su partido tiene experiencia en enfrentar acusaciones de corrupción y salir airoso de ellas.
Aludió así a las graves denuncias de ese tipo contra Alán García por casos registrados durante su primer gobierno (1985-90), de los que en realidad se libró apelando al recurso de la prescripción, sin haber sido absuelto ni declarado inocente.
PRENSA LATINA
rmh/mrs
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