 Por Néstor Marín *
Quito (PL) La posibilidad de cambiar la Constitución para permitir la reelección presidencial, más allá de un segundo periodo consecutivo, entró con fuerza en el debate político ecuatoriano tras los comicios seccionales del 23 de febrero pasado.En esas elecciones, la gobernante Alianza País se ratificó como la principal fuerza política de Ecuador, al ganar 10 de las 23 prefecturas y al menos 67 de las 221 alcaldías, pero la pérdida de Quito, Cuenca y otras ciudades importantes significó un duro revés para el movimiento que dirige el presidente Rafael Correa.
Creo que el país debe empezar a debatir seriamente las restricciones que pusimos a la reelección en la Constitución, anunció el mandatario el 1 de marzo pasado, tras apuntar que en lo personal, considera también que tiene el deber de revisar su decisión de no aspirar a un nuevo periodo a partir de 2017.
La posibilidad de que Correa se presente a la reelección revolvió el avispero político en el país, donde la derecha pretende capitalizar su triunfo en Quito, y la reelección de su alcalde en Guayaquil, para buscar una unidad que le ha sido esquiva durante los últimos años.
Para los detractores del gobierno de la Revolución Ciudadana, una eventual reforma constitucional que permita la continuidad del mandatario es antidemocrática, aún cuando Alianza País cuenta con la mayoría parlamentaria para promoverla, e incluso aprobarla.
El ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillaume Long, considera, sin embargo, que la continuidad de un mandatario no necesariamente implica un atentado a la democracia.
La oposición habla de que la reelección atentaría contra la democracia, y para mí eso es una visión muy sesgada, porque depende de un punto de vista procedimental, basado solamente en la alternancia, comentó Long a Prensa Latina.
De acuerdo con el ministro, para el gobierno de la Revolución Ciudadana el concepto de democracia parte de la propia etimología de esa palabra de origen griego que significa "poder del pueblo", y si el pueblo elige, acotó, no se entiende que se pueda hablar entonces de dictadura en el contexto de la continuidad o no de un mandatario.
"Creemos que una democracia que se basa solamente en la alternancia, y que no implica redistribución de la riqueza, ni lucha por la igualdad de oportunidades, y que no acerca los servicios sociales a la ciudadanía, que es lo que venimos haciendo nosotros en los últimos siete años, no es un proceso democrático", recalcó.
Aclarado este punto, para Long el debate principal debe centrarse ahora en el procedimiento más adecuado para cambiar la Constitución, y permitir que el presidente de la República pueda gobernar más allá de los dos periodos consecutivos permitidos hasta ahora.
Hay sectores (dentro de Alianza País) que creen que debemos tener una continuidad y que no debe haber ningún límite a la reelección, mientras que otros abogan por un ciclo de ocho años, es decir, con una reelección, y luego de un periodo fuera, aspirar de nuevo a la presidencia, señaló.
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