El Tribunal Constitucional ha hecho valer de nuevo la primacía de los mandatos de nuestra Carta Magna, al anular el instrumento de adhesión del país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había estado prácticamente en el limbo desde hace 15 años.
Que este fallo coincida con el clima de rechazo nacional a las competencias de esa corte, por el bochornoso y destemplado sesgo que le dio a su sentencia condenatoria del país recientemente, se convierte en la más oportuna respuesta formal y legal a esa inaplicable e inaceptable orden que pretendió darnos como si fuera una especie de pro-cónsul moderno que traza pautas a los Estados, con la mandarria lista para flagelarlo si no cumple.
Esta sentencia del TC no solo ha de verse en sus alcances jurídicos para dilucidar una situación confusa que permitía a la CIDH evacuar sus disposiciones como si fuesen obligatoriamente vinculantes a un Estado cuyo congreso ni siquiera había aprobado el instrumento de adhesión, sino como un feliz y oportuno espaldarazo al orgullo nacional que se sentía lastimado y despreciado por los continuos ataques desde dentro y fuera para impedir que este país defina su política migratoria y de nacionalidad.
Es, ante todo, una enaltecedora defensa de la Constitución, que nadie puede ignorar ni interpretar antojadizamente para obligar al país a someterse a los designios de otros que no están conformes con la sentencia 168-13, con la propia Constitución y con las medidas tomadas para poner fin al relajo de la inmigración ilegal y el maniqueísmo en la concesión graciosa e interesada de la nacionalidad dominicana.
Basta recordar que este pueblo se tiró a la guerra contra el Ejército más poderoso del mundo y tropas aliadas en 1965. ¿Por qué lo hizo? Simplemente por amor a su Constitución de 1963, hecha trizas por el golpe de Estado contra Bosch. Por la defensa de esa Constitución, el pueblo se levantó en armas y protegió su dignidad y su independencia, de nuevo mancillada por las tropas interventoras.
¿Cómo no reaccionar con iguales sentimientos puros y patrióticos ahora que fuerzas siniestras pretenden narigonearnos y decidir nuestros destinos, a su manera y conforme a sus propios intereses, no los nuestros, necesariamente?
Este fallo del Tribunal Constitucional es otra prueba de la fortaleza que día a día va adquiriendo la institucionalidad nacional y otro toque de esperanza para proclamar:
¡AÚN TENEMOS PATRIA!
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