por Éric Toussaint
Tres
años después del golpe de Estado institucional que derrocó en Honduras el
presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, un golpe similar expulsa de
la presidencia de Paraguay a Fernando Lugo, igualmente electo según las
sacrosantas reglas del sufragio universal pero –como Manuel Zelaya– visto como
un estorbo por la oligarquía paraguaya y sus amos de Washington, que en cambio
toleraron los 35 años en el poder del régimen represivo de Alfredo Stroessner.
El profesor Eric Toussaint explica cómo la bendición de Washington al golpe
institucional hondureño de 2009 abrió la puerta al golpismo institucional, o
golpes de Estado disfrazados de procesos institucionales avalados por los
parlamentos y las élites oligárquicas.
A tres años de distancia se repite en Paraguay el mismo
escenario de golpe de Estado ya utilizado en Honduras en junio de 2009. En los
dos casos, un órgano del poder institucional que había quedado en manos de
representantes de la clase dominante, destituye a un presidente
democráticamente electo. Este golpe de Estado respeta las apariencias de
legalidad. En un análisis redactado en 2009, el CADTM ya denunciaba el golpe de
Estado de Honduras y las complicidades que los golpistas tenían en Washington.
La última frase de aquel artículo anunciaba lo que acaba de pasar en Paraguay:
«El caso hondureño presenta el riesgo de ser una puerta de entrada a golpes de
Estado realizados por el ejército con el aval de algunas instituciones
estatales como el Parlamento o el Tribunal Supremo» [1].
Desde 2009, la gran prensa internacional concedió un apoyo
pasivo o activo a los golpistas hondureños y el diario Libération (Francia)
está reproduciendo hoy, en caliente, el mismo comportamiento. He aquí lo que
publicó respecto al golpe de Estado en Paraguay: «El presidente paraguayo
Fernando Lugo ha sido oficialmente despojado de sus funciones este viernes,
culminando así un proceso de destitución efectuado en pocas horas en el Senado,
como comprobó un periodista de AFP.» La frase siguiente nos muestra claramente
la opinión del diario: «Elegido en 2008 con el apoyo de una amplia coalición de
una veintena de partidos, Fernando Lugo había perdido en forma progresiva una
parte esencial de sus partidarios en el Parlamento después de una serie de
desacuerdos políticos» [2].
En realidad, Fernando Lugo, que fue elegido presidente a través del sufragio
universal y con un fuerte apoyo popular, nunca gozó de una verdadera mayoría
parlamentaria que le permitiese llevar a cabo satisfactoriamente su proyecto ya
que los dos partidos tradicionales de la derecha dominaban las instituciones
parlamentarias —Partido Liberal y Partido Colorado. Este último apoyó la
dictadura de Stroessner entre 1954 y 1989, y dominó el gobierno y el Estado
paraguayo durante 62 años—. Como consecuencia de ello, Lugo tuvo que negociar
el respaldo del Partido Liberal, del que una parte importante de sus dirigentes
se habían opuesto a la dictadura de Stroessner [3].
Por lo tanto, al contrario de lo que afirma Libération, Lugo no perdió lo
esencial de sus partidarios en el Parlamento. Éstos, propiamente hablando, eran
muy pocos y se mantuvieron a su lado. Su relación con Domingo Laíno [4],
un dirigente histórico del Partido Liberal (por su oposición radical al régimen
de Stroessner), y sus partidarios incluso se ha fortalecido. Por el contrario,
la dirección del Partido Liberal, al que pertenece el vicepresidente Federico
Franco, que acaba de tomar el poder, sólo sostuvo a Lugo como la cuerda de la
que cuelga a un ahorcado. En realidad, nunca estuvo entre los partidarios de
Lugo. El Partido Liberal era un aliado que bloqueaba todos los intentos por realizar
las profundas reformas sociales y económicas que el país necesita. A pesar de
ese bloqueo, las realizaciones sociales del gobierno Lugo, aunque limitadas,
fueron innegables y la popularidad del presidente es bien real. Desde el
comienzo de su mandato, el vicepresidente Franco multiplicó sus críticas contra
el presidente Lugo, desconociendo así el compromiso político que lo ligaba a
él. Ahora, Franco acaba de acceder a la presidencia gracias al apoyo de la
oligarquía que mantuvo el control de las instituciones parlamentarias, debido a
décadas de dominación política en un país donde el clientelismo tiene una
función clave. Por otra parte, los disidentes del Partido Liberal, Domingo
Laíno y el senador liberal Luís Alberto Wagner, se opusieron el 22 de junio de
2012 a la decisión tomada por el comité político de su partido de destituir al
presidente Lugo. Laíno y Wagner denunciaron incluso la violación de las normas
internas del Partido Liberal y señalaron que semejante decisión sólo podía ser
tomada por el directorio del partido, una instancia superior y más amplia que
su comité político [5].
Honduras 2009
Tres años después del golpe de Estado en Honduras, presentamos
como recordatorio de los acontecimientos, y con el fin de ayudar a la
comprensión de las similitudes entre los golpes de Estado hondureño y
paraguayo, un largo extracto de un artículo publicado, en nuestra web www.cadtm.org,
en octubre de 2009 [6]
:
«Cuando el presidente constitucional Manuel Zelaya fue
destituido por los militares, el 28 de junio, la gran mayoría de los medios de
prensa declararon, deformando totalmente la verdad, que los militares habían
reaccionado a la voluntad del presidente de modificar la Constitución para
mantenerse en el poder. Muchos medios agregaban que [Zelaya] seguía así el
ejemplo de Hugo Chávez, presentado como un dirigente populista autoritario. En
realidad, Manuel Zelaya sólo proponía a sus conciudadanos pronunciarse sobre la
organización de elecciones generales para una Asamblea Constituyente, algo que
habría representado un verdadero avance democrático en ese país. Este hecho fue
muy bien explicado por Cécile Lamarque y Jerome Duval, a su regreso de una
misión del CADTM en Honduras: «El golpe de Estado tuvo lugar el mismo día en
que Manuel Zelaya organizaba la «consulta», de carácter no vinculante, donde se
preguntaba a los hondureños si deseaban, o no, la convocatoria de una Asamblea
Nacional Constituyente, después de las elecciones previstas para el 29 de
noviembre de 2009. La pregunta era la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que
en las elecciones generales de noviembre 2009 se instale una cuarta urna para
decidir sobre la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que apruebe
una nueva Constitución política? Si esa consulta hubiese recogido una mayoría
de «sí», el presidente habría sometido un decreto a la aprobación del Congreso
para que, el 29 noviembre, los hondureños se pronunciaran formalmente sobre la
convocatoria de una [Asamblea] constituyente, en una «cuarta urna» (las tres
primeras estarían reservadas para la elección del presidente, de los diputados
y de los alcaldes, respectivamente). Para darle un matiz de legalidad al golpe
de Estado, el Congreso y el Tribunal Supremo, como aliados del golpe,
decidieron que la consulta era ilegal y dictaminaron que el presidente Zelaya
había «violado la Constitución» al intentar modificarla «para poder aspirar a
un nuevo mandato», como un «aprendiz de dictador chavista». Sin embargo, Manuel
Zelaya no buscaba, por la vía de esta consulta, renovar su mandato presidencial
en las próximas elecciones legislativas, ya que éstas se realizarían en el
marco de la actual Constitución, que prevé mandatos presidenciales de 4 años no
renovables. Por lo tanto, Zelaya no podía ser candidato a su propia
sucesión» [7].
A pesar de que los movimientos populares de oposición al golpe
de Estado multiplicaron las huelgas y manifestaciones en julio, agosto y
septiembre, los grandes medios periodísticos les dedicaron apenas unas líneas.
Las pocas veces que los grandes diarios dedicaban un artículo de fondo a la
situación en Honduras, lo hacían siguiendo una política denigratoria con
respecto al presidente constitucional, cuando no presentaban directamente la
acción de los militares como un golpe militar democrático. Por ejemplo, The
Wall Street Journal decía en su editorial del 1º de julio de 2009: «el golpe
militar ocurrido en Honduras el pasado 28 de junio y que llevó al exilio al
presidente de ese país centroamericano, Manuel Zelaya, es extrañamente
democrático». El editorial agregaba que «las autoridades legislativas y
judiciales permanecieron intactas» tras la acción militar. Por otra parte,
aunque de forma más matizada, el conocidísimo diario francés Le Monde también
participó en aquella campaña. He aquí un ejemplo: El 12 de septiembre de 2009,
Jean-Michel Caroit, su enviado especial en Honduras, citó las palabras de una
francesa expatriada en ese país y a continuación agregó la mentira
sistemáticamente repetida sobre las malas intenciones atribuidas a Manuel
Zelaya. «Para los hondureños el retorno de Zelaya es inaceptable ya que
significaría 20 años de dictadura al estilo de [Hugo] Chávez», exclamaba
Marianne Cadario, refiriéndose al presidente de Venezuela, quien —como su
aliado Manuel Zelaya pretendía hacerlo— modificó la Constitución para poder ser
reelecto. Madame Cadario, una francesa instalada en Honduras desde hace 30
años, dice estar «súper asombrada ante la reacción de la comunidad
internacional», que ha condenado el golpe» [8].
El tono de diarios como Le Monde y Libération comenzó a cambiar a finales de
septiembre, cuando los golpistas recrudecieron sensiblemente la represión.
Dicho esto, Libération se merece un premio por la utilización de eufemismos. En
efecto, el 28 de septiembre de 2009 (justamente tres meses después del golpe),
subtitulaba con la frase «Perfume de dictadura» (subrayado por Toussaint) un
párrafo en el que se explicaba que el gobierno golpista había decretado: «la
prohibición de “toda reunión pública no autorizada”, la detención de “cualquier
persona que ponga en peligro su vida o la de los demás”, la “evacuación” de
locales ocupados por manifestantes e interferencias de “la emisión por
cualquier medio de los programas que traten de alterar la paz”» [9] [10].
En Honduras, el régimen surgido del golpe de Estado del 28 de
junio de 2009 se benefició de la complacencia e incluso del respaldo activo de
la administración Obama. El CADTM informó de la resistencia del pueblo
hondureño y analizó la actitud de Washington, que significaba una verdadera
incitación para otros candidatos a golpistas en América Latina. He aquí lo que
se publicó en la web del CADTM en diciembre de 2009:
«Mientras que el presidente Manuel Zelaya, quien había entrado
clandestinamente en su país el 21 de septiembre de 2009, encontraba refugio en
la embajada de Brasil en Tegucigalpa, la capital hondureña, los golpistas
continuaban reprimiendo violentamente las manifestaciones de los partidarios
del presidente constitucional y decretaron, el 27 de septiembre, un estado de
sitio de 45 días de duración [11].
Hubo entonces un comentario del número dos de Washington en la OEA, Lewis
Amselem: «el retorno de Zelaya es irresponsable» [12].
Por su parte, Hillary Clinton no condenó el prolongado toque de
queda. El acuerdo al que se llegó el 30 de octubre de 2009, bajo los auspicios
de Washington, entre los representantes de Manuel Zelaya y los de Roberto
Micheletti estipulaba expresamente que las partes se comprometían a no hacer
ningún llamamiento directo o indirecto a la convocatoria de una asamblea
constituyente o a cualquier otra consulta popular (punto 2 del acuerdo).
Además, el acuerdo no preveía explícitamente el retorno de Manuel Zelaya a la
presidencia del país para terminar su mandato. Roberto Micheletti y sus
partidarios habían decidido no devolver la presidencia a Zelaya quien, como
consecuencia de ello, pidió a la población que no participase en las elecciones
generales previstas para el 28 de noviembre de 2009. El principal candidato de
la izquierda a la presidencia, Carlos Reyes, así como un centenar más de
candidatos de diferentes partidos (entre ellos un sector del Partido Liberal)
[13],
decidieron por lo tanto retirar sus candidaturas. El 10 de noviembre de 2009,
Washington anunció que reconocía el resultado de las elecciones, a pesar de que
en la víspera de las elecciones las organizaciones de defensa de derechos
humanos habían contabilizado más de 20 oponentes políticos asesinados desde la
fecha del golpe de Estado, así como 211 heridos durante las acciones
represivas, cerca de 2 000 detenciones ilegales, dos tentativas de secuestro y
114 prisioneros políticos acusados de sedición. Los medios de comunicación
opuestos al golpe fueron cerrados o acosados. La Organización de las Naciones
Unidas (ONU), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, la
Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) [14],
los países miembros del Grupo de Río y los países del ALBA habían decidido no
enviar observadores. Los cálculos del porciento de electores que supuestamente
participaron en el escrutinio oscilan según las fuentes. Pero seguramente no se
llegó a la mitad de los electores inscritos. A pesar de ello, el vocero del
Departamento de Estado, Ian Nelly, vio las elecciones hondureñas como «un
necesario e importante paso adelante» [15].
Washington reconoció como presidente electo a Porfirio Lobo, del Partido Nacional,
un representante duro de la oligarquía, de los terratenientes y de la misma
derecha que había organizado el golpe de Estado. El embajador de Estados Unidos
en Tegucigalpa, Hugo Llorens, declaró que las elecciones habían constituido una
«gran celebración de la democracia» y afirmó que Estados Unidos trabajaría con
Porfirio Lobo, conocido como Pepe: «Pepe Lobo es un hombre de una gran
experiencia política», declaró el embajador estadounidense a la radio HRN. «Yo
le deseo buena suerte y Estados Unidos trabajará con el presidente para el bien
de nuestro país…Nuestras relaciones serán muy fuertes». Como ya escribimos en
aquel entonces, «Respaldar un proceso surgido de un golpe de Estado y actuar a
favor del reconocimiento internacional de las autoridades que lo perpetraron y
de las que surgieron del mismo, es alentar a los candidatos a golpistas que se
ponen políticamente del lado de Washington» [16].
Prosiguiendo nuestro análisis, ya en enero de 2010 se podía
leer, en la web del CADTM, la descripción del golpe de Estado en preparación en
Paraguay, golpe que finalmente tuvo lugar el 22 de junio de 2012.
«En el caso de Paraguay existe una parte de la derecha que
retomó la ofensiva. En diciembre de 2009, el senador liberal Alfredo Luís
Jaeggli llamó al derrocamiento del presidente Fernando Lugo, a quien acusa,
como ya se hizo con Manuel Zelaya, de imponer un modelo chavista del
«socialismo del siglo XXI». Jaeggli, cuyo partido constituye el principal
«apoyo» parlamentario del gobierno, afirmaba, siguiendo la marcha de los
acontecimientos, que el golpe de Estado realizado en Honduras no había sido
tal: el derrocamiento de Manuel Zelaya y la acción llevada a cabo desde aquel
momento por el régimen de facto serían perfectamente legales [17].
Este senador incluso pide al parlamento paraguayo que ponga en marcha un juicio
político contra Lugo para destituirlo y reemplazarlo por el vicepresidente de
la república, el liberal de derecha Federico Franco. El senador Jaeggli
reprochaba a Lugo no seguir el ejemplo de los países que habían tenido éxito en
la reforma económica, como Chile, con los cambios que había comenzado Pinochet,
y la Argentina de Carlos Menem. Evidentemente, el caso hondureño puede
convertirse en una puerta para nuevos golpes de Estado realizados por el
ejército con el aval de algunas instituciones estatales como el Parlamento o el
Tribunal Supremo» [18].
El 22 de junio de 2012, luego de un juicio expeditivo, el Senado
paraguayo, controlado por la oligarquía descontenta ante las políticas de
Fernando Lugo, destituyó al presidente democráticamente electo en 2008 mediante
el sufragio universal. El 23 de junio de 2012, un amplio frente de la
resistencia comenzó a organizarse para obtener el restablecimiento de la
democracia. El 24 de junio, siete países latinoamericanos retiraron o llamaron
a consulta sus embajadores en Paraguay (Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay,
Perú, Ecuador y México). Cinco anunciaron que no reconocían al nuevo gobierno:
Venezuela, Bolivia, Ecuador, El Salvador y Nicaragua. El MERCOSUR, del que la
economía paraguaya tiene una fuerte dependencia debido a sus intercambios
comerciales, decidió no invitar al nuevo régimen a la reunión que se celebrará
en Mendoza, Argentina, el 29 de junio de 2012. En Paraguay, la movilización
popular en defensa de la democracia se está organizando. Es importante que se
pueda respaldar con un máximo de apoyo internacional.
En Honduras, tres años han pasado desde el golpe de Estado
perpetrado contra el presidente Zelaya y contra el pueblo hondureño que lo
había elegido. El país está hundido en una crisis sin precedentes. La violencia
ha aumentado considerablemente contra aquellas y aquellos que resisten en
defensa de las libertades y de los derechos fundamentales del pueblo y que
denuncian la orientación ultraliberal del gobierno de Porfirio Lobo, lacayo de
la oligarquía y de las transnacionales cómplices del golpe. Sindicalistas,
militantes asociativos y de derechos humanos, feministas, homosexuales,
miembros de comunidades indígenas y afrodescendientes, periodistas de
oposición, etc., sufren las presiones, intimidaciones, acosos y agresiones —en
el caso de que no caigan bajo las balas—, que instrumentan tanto el poder del
Estado como los grupos paramilitares y milicias privadas que actúan con total
impunidad. En la región de Aguán, la represión continúa contra las comunidades
campesinas en el marco del conflicto agrario que las opone a los grandes
terratenientes. Según Reporteros Sin Fronteras, más de 40 abogados perdieron la
vida en estos tres años por haber defendido a víctimas de abusos policiales y del
ejército, y 28 periodistas fueron asesinados en el transcurso de la última
década, 23 de ellos precisamente después del golpe de Estado. Para el 28 de
junio de 2012, el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) organiza una
movilización nacional en ocasión de tercer aniversario de ese régimen funesto.
El CADTM aporta su contribución a la solidaridad internacional
con los pueblos paraguayo y hondureño.
